Un problema estructural que llegó a los tribunales bonaerenses y federales
La gestión de residuos en el partido bonaerense de Alberti acumula un historial de controversias que cruza la salud pública, la vía judicial y el destino de los fondos públicos. En el centro de la escena se encuentra el Basural Municipal. Este predio funcionó durante décadas con dinámicas de vuelco indiscriminado e incineración. Las reiteradas quemas y la falta de control técnico llevaron a que los vecinos acudieran a la Justicia. El objetivo era frenar la degradación de su entorno habitacional.
La presión social derivó en un hito judicial para la región: la demanda “DI VINCENSI OSCAR ALFREDO C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/ AMPARO”. Este litigio tramitó ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata bajo la Causa Nº 2673. Su resolución más trascendente fue firmada el 9 de febrero de 2012. En esa fecha, el tribunal dictó una medida cautelar contundente para frenar la incineración y el descontrol ambiental en el predio. El fallo ordenó formalmente al Municipio el cese inmediato de la incineración de residuos a cielo abierto y la implementación de guardias permanentes. La resolución judicial subrayó explícitamente que la inacción comunal causaba un “daño irreparable en la salud de los habitantes locales”.
Escándalo federal: Fondos desviados y el procesamiento de Marta Médici
La trama judicial no se limita al ámbito provincial. Las irregularidades en el manejo de las partidas destinadas al saneamiento escalaron a los tribunales de Comodoro Py, arrastrando a la conducción política de Alberti. La ex intendente del partido, Marta Médici (madre del senador Pcial German Lago), quedó formalmente imputada y procesada en la Justicia Federal. El dictamen fue emitido en su momento por el entonces Juez Federal Claudio Bonadio, en el marco de una megacausa nacional que investigó el presunto fraude en contra de la administración pública a través del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
La acusación determinó que, entre los años 2013 y 2015, los exjefes comunales implicados requirieron y recibieron millonarias sumas de dinero provenientes del Tesoro Nacional para llevar a cabo obras específicas de tratamiento de basura y remediación de vertederos. De acuerdo con el expediente judicial, estas partidas presupuestarias nunca se aplicaron para los fines previstos, dejando los basurales a cielo abierto en total desamparo operativo. La resolución dictada por el magistrado —luego confirmada por la Cámara Federal porteña— dejó asentado que el flujo de capitales estatales terminó desviado en perjuicio de la salud pública local.
Cavas y basurales: El peligro latente bajo tierra
El panorama crítico del predio quedó registrado en materiales audiovisuales y monitoreos territoriales. En estos videos documentales se visualiza con nitidez el impacto de las denominadas cavas de basural. El fenómeno es tipificado de forma alarmante por las autoridades ambientales. De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, las cavas “son excavaciones profundas, generalmente originadas por la extracción de tierra o tosca con maquinarias, que son utilizadas de forma ilegal o informal para arrojar residuos. Estos lugares se convierten rápidamente en basurales a cielo abierto sin ningún control ambiental”.
Al verter toneladas de desechos urbanos dentro de estas depresiones del terreno, se anulan las capas de protección natural del suelo. El riesgo inmediato es la infiltración de lixiviados (líquidos altamente tóxicos generados por la degradación de la basura). Los mismos decantan de forma directa hacia las napas de agua subterránea, comprometiendo el suministro hídrico de la región.
Un registro fílmico clave datado el 18 de agosto de 2026 para Periodico PerteneSER expuso que esta problemática está lejos de erradicarse. En las imágenes se documenta la existencia actual de cavas abiertas con líquidos lixiviados acumulados a cielo abierto. También se observan cavas colmadas de residuos domiciliarios camufladas con ramas, y excavaciones recién tapadas donde aún quedan expuestos desechos urbanos mezclados con residuos peligrosos: cubiertas, plásticos, filtros de gasoil, tambores de 200 litros y baldes plásticos de aceite para vehículos.
La investigación audiovisual reveló el modus operandi utilizado para esconder la basura: los desechos son tapados con ramas provenientes de las podas municipales —las cuales no reciben el proceso de chipeado correspondiente— para luego ser incendiadas. En el lugar se constataron depósitos recientes de cenizas y columnas de humo activas provenientes de quemas de última hora. Lo alarmante del hallazgo es la localización geográfica del epicentro de la contaminación: todo esto ocurre en el “patio de atrás” de la propia planta de EcoPlan. Millones de pesos del erario público terminan, literalmente, enterrados y bajo fuego.
Veinte años de fondos públicos y convenios con CEAMSE
La persistencia de este foco contaminante contrasta fuertemente con los recursos económicos volcados para su solución. A lo largo de los últimos 20 años, el Municipio de Alberti fue receptor de múltiples subsidios y partidas presupuestarias por parte de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Estos aportes financieros estatales estaban destinados estrictamente al Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos, buscando financiar la infraestructura, la maquinaria de clasificación y las obras hidráulicas necesarias para sanear definitivamente el predio.
En paralelo a los fondos girados, el municipio trazó históricamente convenios de asistencia técnica y operatividad con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Si bien la distancia geográfica con los grandes rellenos sanitarios del conurbano dificultó el traslado directo y sistemático de la totalidad de la basura de Alberti debido a los costos de logística, los convenios con CEAMSE se enfocaron en el asesoramiento para la transición hacia un modelo tecnificado.
A raíz de la presión judicial y del flujo de inversiones, la administración local impulsó en años recientes su programa “EcoPlan”, anunciando el cierre formal del basural a cielo abierto de la cabecera del partido mediante la derivación controlada hacia una Planta de Separación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Sin embargo, la terca realidad del terreno demuestra que los pasivos ambientales históricos —y las prácticas clandestinas actuales detrás de la planta modelo— siguen siendo una bomba de tiempo ambiental que la comunidad monitorea de cerca para evitar que las afecciones sanitarias se profundicen.
El marco penal: Responsabilidades e ilegalidad de las quemas
Las maniobras detectadas en el predio configuran violaciones directas a la legislación bonaerense. La Ley Provincial N° 11.723 (Ley General del Ambiente de la PBA) prohíbe taxativamente la incineración o quema de residuos a cielo abierto. Dicha norma estipula sanciones severas por el daño directo al recurso aire y faculta a las autoridades a dictar la clausura inmediata del predio emisor de humo tóxico, aplicando multas variables fijadas por la autoridad de aplicación y los Códigos de Faltas Municipales locales.
Asimismo, la persistencia de estas prácticas abre la puerta a consecuencias jurídicas graves para la planta política local. En caso de comprobarse la complicidad, la inacción deliberada o la falta de control por parte de las autoridades locales sobre un basural a cielo abierto, los funcionarios públicos pueden ser imputados bajo la figura penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, tipificada en el Artículo 248 del Código Penal de la Nación. Los pasivos generados en las cavas de Alberti ya no solo demandan remediación técnica, sino también respuestas urgentes ante la ley.
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