Barrio Papa Francisco:
Vecinos y padres de postulantes al cupo de discapacidad exigen transparencia ante una adjudicación arbitraria

Las familias presentaron un reclamo formal el 22 de octubre exigiendo revisar las asignaciones directas “a dedo” y modificar una ordenanza obsoleta. La respuesta de la funcionaria Daniela Albizzatti esquivó dar explicaciones técnicas, lo que fue tomado como una burla a la discapacidad.
El escándalo en torno a la entrega de viviendas sociales en el barrio Papa Francisco sumó un capítulo de profunda indignación en Alberti. El pasado 22 de octubre, un grupo de familias y padres de personas con discapacidad presentaron una severa nota formal dirigida al Intendente Municipal, al Consejo de Discapacidad y a la Junta Médica Interviniente. En el documento, denuncian que durante el reciente sorteo público fueron obligados a esperar hasta el final, bajo la promesa de que participarían del mismo proceso que el resto de los ciudadanos, solo para enterarse a último momento de que sus viviendas ya habían sido asignadas de forma directa y sin sorteo por la Junta Médica.
Lejos de una respuesta institucional seria, la Lic. Daniela Albizzatti optó por romper el silencio exclusivamente a través de medios oficialistas. Con total frialdad, la funcionaria “multifunción” defendió y justificó de manera general el método utilizado, pero evitó detallar el “temperamento”, los criterios médicos, sociales, económicos o habitacionales que justificaron la asignación directa a los beneficiarios. Para las familias damnificadas, esta salida mediática, carente de fundamentos técnicos y diseñada para eludir repreguntas incómodas, constituye una verdadera burla a la discapacidad y a las necesidades reales de los hogares postergados.
El reclamo de los albertinos —quienes sostienen con sus impuestos los sueldos de una planta política que prefiere esconderse detrás de los escritorios antes que dar la cara— exige una solución inmediata que consta de puntos muy específicos:
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- Auditoría e impugnación del proceso actual: Demandan la revisión inmediata e integral de cada caso evaluado y que se analice realizar el sorteo público que fue omitido, rechazando que el municipio pretenda patear el problema hacia “futuros sorteos” dejando firme la actual injusticia.
- Evaluación social transparente: Solicitan que asistentes sociales realicen visitas domiciliarias reales para constatar las condiciones de vulnerabilidad, accesibilidad y composición de cada grupo familiar postulante.
- Derecho a la titularidad: Exigen que, cuando la persona beneficiaria con Certificado Único de Discapacidad (CUD) sea mayor de 18 años, la vivienda se adjudique a su propio nombre para garantizar su autonomía e inclusión social.
- Reforma legislativa: Piden la modificación urgente de la Ordenanza Municipal N.º 933/97, una normativa obsoleta que es utilizada como escudo legal para esquivar la igualdad de oportunidades y mantener las asignaciones bajo un estricto secreto.

Los vecinos dejaron en claro en su documento que su intención no es confrontar con las familias adjudicadas ni desconocer sus derechos, sino exigir que se garantice la transparencia y la legalidad. Sin embargo, la reacción de los funcionarios serviles al modelo K expone la peor cara de la gestión: el uso de monólogos mediáticos para esquivar las explicaciones que, por derecho, le corresponden a toda la comunidad de Alberti.

