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un surco por familia

EL SILENCIO QUE ENVENENA EL AIRE: LA INACCION DE LOS GOBIERNOS ENFERMAN AL PUEBLO, DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y COMPLICIDAD OFICIAL

EL SILENCIO QUE ENVENENA EL AIRE: LA INACCION DE LOS GOBIERNOS ENFERMAN AL PUEBLO, DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y COMPLICIDAD OFICIAL

Se intimó formalmente al Intendente Interino Jorge Gaute, denunciando contaminación acústica, polución por micropartículas y una invasión de roedores. Apuntan contra el Jefe de Bromatología, Roberto Murray, y la Secretaria de Ambiente, Daniela Albizzatti, por archivar sistemáticamente los reclamos en una flagrante omisión del poder de policía municipal.

El caso destapa un entramado de impunidad donde los acopios operan violando flagrantemente la Ordenanza de Planificación Urbana 2382 y los plazos de traslado vencidos de la Ley Provincial 12.605, mientras los depósitos de fertilizantes en plena planta urbana multiplican los casos de vecinos enfermos.

Por Oscar A. Di Vincensi Redacción PerteneSER

– La franja urbana de Alberti se ha transformado en un territorio donde el derecho a la salud y al descanso parece haber sido suspendido. El pasado 21 de octubre de 2026, una vecina lindante a las instalaciones del Molino Alberti formalizó una durísima presentación dirigida al Intendente Interino, el médico pediatra Jorge Gaute, con copia al Concejo Deliberante y al Juzgado de Faltas. La presentación no es solo una queja por ruidos molestos; es una radiografía del desamparo ambiental y habitacional que sufren los habitantes linderos a la planta de acopio y molienda de trigo, y una denuncia explícita de las presuntas irregularidades y la inacción de los funcionarios municipales a cargo de los controles.

Polvillo en los pulmones y noches sin descanso

El establecimiento comercial, enquistado en plena franja urbanizada del partido, genera de forma constante e ininterrumpida una grave dispersión de granza de cereal, cascarilla y micropartículas en el aire. Según detalla la presentación formal, esta polución sistemática responde a la falta de mantenimiento o a la total ausencia de filtros obligatorios en los sistemas de aspiración y ciclones de las tolvas de carga y descarga. El material particulado se introduce de forma directo en las viviendas linderas, desatando problemas respiratorios crónicos en las familias afectadas y vulnerando la salud pública.

A la nube de polvillo constante se le suman las emanaciones acústicas. El rugido incesante de la maquinaria pesada, los extractores de alta potencia y el tránsito constante de camiones de gran porte violan los límites tolerables para el descanso elemental. Además, la deficiente gestión de higiene dentro del predio del molino ha desatado una proliferación descontrolada de roedores que invaden las propiedades vecinas, haciendo intransitable la vida cotidiana.

Una red de impunidad y los “patrones del pueblo”

La situación de este establecimiento es apenas la punta del iceberg de una problemática estructural mucho más profunda que golpea a nuestra localidad. Son numerosos los centros de acopio que operan con total impunidad y sin controles reales dentro de la planta urbana de Alberti, expandiendo sus pasivos ambientales sobre zonas estrictamente residenciales. Un ejemplo flagrante de esta desidia compartida es el molino de harina de maíz, cuyas operaciones replican el mismo patrón de contaminación aérea y sonora bajo la mirada esquiva de las autoridades de control.

Sin embargo, el verdadero blindaje de estas plantas industriales no reside únicamente en la laxitud burocrática, sino en un entramado de opresión social. Pocos son los vecinos que se animan a denunciar o formalizar un reclamo debido al arraigado temor a las represalias. En una comunidad pequeña, estas firmas y sus operadores actúan bajo la autoproclamada impunidad de creerse los ‘patrones del pueblo’, utilizando su peso económico e influencia política para silenciar el descontento y perpetuar un esquema de subordinación donde la salud comunitaria es sacrificada en el altar de la rentabilidad privada.

Ilegalidad explícita: la Ordenanza 2382 y las distancias que exige la ley

El funcionamiento de estas plantas representa un desafío directo a la institucionalidad local. Las operaciones de estos establecimientos violan de forma flagrante la Ordenanza Nº 2382, mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Alberti. Este marco normativo local delimita los usos del suelo y prohíbe de forma taxativa la instalación o permanencia de acopios e industrias nocivas de gran escala dentro de las franjas estrictamente residenciales, exigiendo indicadores técnicos estrictos de Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT) que son sistemáticamente ignorados.

Peor aún: bajo el amparo de la Ley Provincial Nº 12.605 (que regula las plantas de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos), estas empresas hace años que deberían haber mudado sus plantas fuera del casco urbano. La ley provincial otorgó en su momento un plazo improrrogable de 2 años para el cese y traslado definitivo de aquellas plantas preexistentes instaladas dentro del radio urbano que no lograran confinar sus impactos.

En cuanto a la reubicación obligatoria, las normativas ambientales provinciales de zonificación de uso del suelo y radicación industrial (Decreto-Ley 8912/77 y Ley 11.459) estipulan criterios rigurosos de distancia para los establecimientos clasificados como peligrosos o incómodos de tercera categoría (moliendas industriales y acopios a gran escala). La legislación exige un perímetro de exclusión o amortiguación ambiental amortiguada que sitúe a estas plantas industriales a una distancia mínima de entre 1.000 y 2.000 metros fuera de la línea de la franja o zona residencial urbanizada consolidada, dependiendo de su nivel de complejidad ambiental. Mantenerlas dentro del pueblo es, lisa y llanamente, un delito territorial tolerado por el Ejecutivo.

El veneno químico de la calle Arias

El descontrol oficial ha permitido, además, que sigan operativos depósitos de fertilizantes químicos en galpones céntricos, destacándose el preocupante caso del establecimiento ubicado sobre la calle Arias. Allí, a metros de los hogares, se acopian sustancias de alta toxicidad que se dispersan en el ambiente. Las consecuencias ya no son una hipótesis: son muchos los vecinos linderos que han comenzado a enfermar, manifestando afecciones respiratorias, alergias severas y patologías crónicas. Mientras la salud de los barrios se deteriora, los empresarios del sector muestran una total falta de respeto y desinterés hacia el sufrimiento de los afectados, priorizando el ahorro logístico de mantener sus químicos en el centro por encima de la vida humana.

Murray y Albizzatti: las caras del archivo sistemático

La denuncia pone el foco de forma directa sobre la responsabilidad de los funcionarios locales. La vecina afectada manifestó su profundo rechazo ante el proceder del Jefe de Bromatología, el médico veterinario Roberto Murray, acusándolo de archivar de manera arbitraria y sistemática las quejas vecinales previas, omitiendo de forma grave el ejercicio del poder de policía primario en materia de salubridad e higiene que le compete a su dirección.

La cadena de inacciones continúa en los despachos superiores. La presentación denuncia también la total parálisis y falta de intervención de la Secretaría de Educación, Ambiente e Integración Territorial, a cargo de la licenciada Daniela Albizzatti. Esta área, que cuenta con la competencia específica y los recursos para fiscalizar los impactos ambientales dentro del ejido urbano, ha ignorado hasta la fecha la flagrante vulneración de los derechos de los habitantes de Alberti, funcionando como un tapón burocrático ante el reclamo social.

Un entramado de leyes pisoteadas

El documento presentado ante el Ejecutivo municipal recuerda que las autoridades están obligadas a intervenir de inmediato bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 del Código Penal). Los fundamentos legales omitidos por el municipio son contundentes:

  • Poder de Policía Primario: La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) obliga originariamente al municipio a velar por la salubridad. Archivar denuncias sin constatación técnica efectiva constituye una falta grave.
  • Contaminación por Polución (Ley Provincial N° 12.605): Su Artículo 2° exige explícitamente la captura de polvo y granza mediante sistemas de aspiración y ciclones cerrados. Trabajar sin filtros adecuados es causal directa de clausura. Además, prohíbe taxativamente estas actividades nocivas dentro de las zonas estrictamente urbanas si alteran la convivencia.
  • Ruidos Molestos (Norma IRAM 4062 y Ordenanza General 27/68): Siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los límites máximos en zonas residenciales o mixtas son de 55 dBA para el período diurno y 45 dBA para el nocturno. Los niveles de la molienda del Molino Alberti exceden con creces estos valores.
  • Marco Ambiental General (Ley Provincial N° 11.723): Esta ley obliga al municipio a actuar ante la degradación del aire y el suelo, y lo faculta a dar intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la Provincia si la complejidad industrial supera la competencia local (según la Ley de Radicación Industrial N° 11.459).

El petitorio: un llamado al orden moral y ambiental

Ante el silencio oficial que ya lleva demasiado tiempo, la presentación exige un pronto despacho con tres puntos ineludibles:

  1. La orden urgente de una inspección técnica e integral en el molino y en los galpones de acopio de agroquímicos de la calle Arias, con medición real de decibeles y constatación del estado físico de los filtros y condiciones de confinamiento.
  2. La ejecución de medios sanitarios automáticos para la desratización de la zona afectada.
  3. El desarchivo inmediato del expediente bloqueado en Bromatología y la formal intervención del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para hacer cumplir de forma efectiva los plazos de traslado fuera de la planta urbana.

La comunidad de Alberti observa con atención.

El Intendente Interino Jorge Gaute, por su propia formación como médico pediatra, debería comprender antes que nadie que el polvillo en el aire, los químicos almacenados a metros de las habitaciones y la contaminación no son “costos colaterales” aceptables del comercio, sino un ataque directo contra la salud de las infancias y las familias que juró proteger.

De continuar el amparo oficial a las empresas, el camino quedará sellado hacia las acciones civiles y penales correspondientes contra los funcionarios responsables de esta alarmante omisión de funciones y las declaraciones publicas de funcionarios justificando su obsecuencia al poder económico local.

 

 

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