A casi dos años del incendio intencional que destruyó la preceptoría de la Escuela Técnica, el caso se diluye entre el archivo de legajos y la falta de sanciones. Una reconstrucción millonaria costeada por el Estado eximió de responsabilidad económica a los tutores del alumno imputado, en medio de un absoluto hermetismo político.
El paso del tiempo suele ser el mejor aliado de la desmemoria colectiva, incluso ante hechos que conmovieron los cimientos de una comunidad. A medida que los meses avanzan, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Almirante Brown” intenta recuperar su normalidad edilicia tras el grave incendio intencional que consumió por completo su preceptoría en octubre 2024. Sin embargo, bajo la superficie de la reconstrucción material, subyace un profundo malestar social alimentado por el archivo definitivo de la documentación perdida y una marcada sensación de impunidad.
Archivos reducidos a cenizas y reserva legal
El fuego generalizado provocó la pérdida irreparable de legajos históricos, registros de calificaciones y documentación institucional clave de generaciones de estudiantes. En el plano penal, las pericias de bomberos confirmaron desde el primer momento que el siniestro fue provocado de manera deliberada.
La investigación judicial sindicó como presunto autor material a un alumno menor de edad del propio establecimiento. Debido al estricto marco legal que rige en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, las actuaciones avanzaron bajo un absoluto hermetismo normativo para proteger la identidad del adolescente. Esta reserva legal, si bien obligatoria por los derechos de minoridad, terminó tendiendo un manto de silencio que enfrió el reclamo de justicia y aceleró el olvido del caso en los despachos oficiales.
Silencio en los despachos y costo político cero
El aspecto que mayor indignación genera en sectores de la comunidad es el entorno familiar del imputado, vinculado directamente al poder político local, de quien se desempeña en la función pública como jefa de la oficina local de ANSES y actual concejal por el bloque de La Libertad Avanza.
A pesar de la gravedad institucional que reviste el ataque deliberado a una escuela pública por parte de un familiar directo, la funcionaria ha optado por un estricto y persistente silencio público sobre el tema. Esta postura de evadir cualquier declaración o asunción de responsabilidad pública le ha permitido esquivar el costo político que un hecho de tal magnitud habitualmente acarrea en el debate legislativo local, logrando que el tratamiento del caso en el Concejo Deliberante se mantuviera congelado y fuera de la agenda de discusión de los bloques.
El costo económico de la impunidad
La contradicción del caso se profundiza al evaluar el destino de los fondos utilizados para subsanar los daños. La confección de los pliegos de bases y condiciones y la asignación presupuestaria para las obras se gestionaron de manera directa a través de partidas públicas extraordinarias del Estado provincial y el Consejo Escolar.
La totalidad de los costos de infraestructura y reposición del mobiliario fueron costeados íntegramente por el erario público. A pesar de que la legislación civil vigente contempla mecanismos explícitos para que los progenitores respondan económicamente por los actos vandálicos de los menores a su cargo, en ningún momento se les exigió a los tutores legales del imputado que se hicieran cargo de los daños. Esta decisión administrativa dejó el millonario costo de la reconstrucción sobre las espaldas de los contribuyentes, garantizando que el desastre no le costara un solo peso al patrimonio familiar de la edil.
Un peligroso precedente
El incendio de la preceptoría cerró un período de extrema gravedad para el colegio, que ya en septiembre del mismo año, había sufrido un sabotaje en sus cañerías de gas natural que pudo terminar en tragedia. Hoy, con las paredes pintadas de nuevo y los expedientes archivados, la falta de sanciones ejemplares, la inacción de los sindicatos docentes que evitaron los paros y la absorción presupuestaria por parte del Estado dejan un peligroso mensaje en el distrito: el vandalismo contra la educación pública puede quedar cubierto por el tiempo, el silencio y la impunidad material.
Como nadie se quemo ni murió para los sindicatos no hay necesidad de PARO.
